05/11/2026 - Ciudad de México

Revelan red empresarial de los hermanos Hernández Casillas ligada a presuntas irregularidades en el INE por / Cortesía Agencia

Empresas vinculadas a los hermanos obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos con 23 organismos electorales entre 2015 y 2023

05/11/2026 14:28:55 - Ciudad de México / redacción multigráfica

Reveló Raquel Buenrostro Sánchez titular de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas han participado en contrataciones de material electoral desde hace 27 años, por lo que presentó una cronología de sus vínculos con dependencias federales y organismos electorales desde la década de los ochenta. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este jueves 5 de noviembre, la funcionaria explicó que entre 1983 y 1988 los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación. En ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general de esa dependencia, mientras que Raymundo Hernández Casillas ocupó cargos en las áreas de Recursos Financieros y Materiales. Posteriormente, ambos tuvieron vínculos laborales con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). La funcionaria detalló que en 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica y en 1992 Formas Finas Fernando Fernández, esta última vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas. Para 1999, Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora de material electoral en el Estado de México y en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral de esa entidad. Ese año también hubo denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales. Entre 2012 y 2013, los hermanos diversificaron sus empresas y ampliaron sus contratos con organismos electorales locales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Después de la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), las empresas vinculadas al grupo incrementaron su participación en las contrataciones. De acuerdo con los datos presentados por Buenrostro Sánchez, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLEs asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. En 2023, Guadalupe Taddei fue designada como consejera presidenta del INE, mientras que entre 2024 y 2025 la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 organismos electorales locales. Buenrostro también identificó seis empresas vinculadas con los hermanos: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas. Al presentar la estructura empresarial, señaló que en ellas participan socios, representantes y apoderados, entre quienes figuran familiares de los Hernández Casillas, como hermanos, hijos y esposas. Sobre el presunto modus operandi, la secretaria expuso que, de acuerdo con el análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se detectaron esquemas de simulación de competencia en licitaciones mediante el uso de empresas fachada, así como proveedores vinculados con servidores públicos. También señaló que algunas compañías habrían obtenido contratos sin contar con capacidad operativa, infraestructura o personal en nómina. A esto se sumaría el uso de personas vulnerables como presuntos prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales, con edades que van de los 18 hasta los 96 años, además de posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras. La secretaria explicó que, al tratarse de un órgano autónomo, el INE cuenta con una contraloría interna y está sujeto a la fiscalización correspondiente. Por ello, señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificar las posibles irregularidades, determinar las responsabilidades administrativas y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la UIF, según corresponda. Agregó que la dependencia a su cargo analiza mecanismos para prevenir que estos esquemas se reproduzcan en la Administración Pública Federal. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, mediante una ampliación de la participación de dependencias federales e instituciones académicas en su Consejo de Administración, además de incorporar a la ASF como observadora. La propuesta busca que esta empresa del Estado tenga mayor capacidad para producir material electoral, mientras que otros insumos puedan adquirirse mediante contrataciones con empresas mexicanas.