En representación de sus homólogos, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno hizo un llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que, a través de los Consejos Estatales de Educación y Salud, así como a las organizaciones públicas, privadas y grupos de estudio, trabajen conjuntamente en la conformación de esta ley por la que se busca controlar los factores que intervienen en los problemas de sobrepeso y obesidad infantil en la entidad.

La legisladora refirió, en la exposición de motivos, que, de acuerdo con autoridades de salud en el nivel federal, las enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación han sido un factor determinante en el número de fallecimientos por COVID-19, lo que hace primordial vigilar la salud de las niñas, niños y adolescentes como bien público.

Para llegar a este objetivo, destacó, se deberá partir de la organización interinstitucional, la alineación de políticas públicas con el gobierno federal, la participación de la sociedad y la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno, por lo que, mediante esta Iniciativa de Ley, desde el Congreso del Estado se impulsa el compromiso para fortalecer mejores condiciones de salud y la construcción de ambientes más saludables.

Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (Ensanut), en México, el sobrepeso y la obesidad se presentan en más de 4.1 millones de niñas y niños. En el estado, los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica ocupan los primeros lugares.

Finalmente, Ferráez Centeno puntualizó que esta Iniciativa de Ley representa la integración de ejes y líneas de acción necesarios y significa una propuesta solidaria con los esfuerzos institucionales y la sociedad en su conjunto para fomentar la prevención, detección temprana y atención médica oportuna tanto de la enfermedad base como de sus complicaciones, para propiciar así cambios en el estilo de vida.

El Anteproyecto con Punto de Acuerdo suscrito por las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez y Jessica Ramírez Cisneros y por los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez, José Magdaleno Rosales Torres y León David Jiménez Reyes fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

PLANTEAN REFORMA A LEY GENERAL PARA REGULAR LA VENTA DE ALIMENTO CHATARRA A MENORES

Propone Deisy Juan Antonio Iniciativa ante el Congreso de la Unión, a fin de garantizar alimentación salufable a niñas y niños.

La Diputación Permanente turnó a comisión una iniciativa ante el Congreso de la Unión, autoría de la diputada Deisy Juan Antonio, por la que busca reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el derecho que tienen éstos a una alimentación saludable, por lo que la obesidad y desnutrición se entenderán como un problema de salud pública.

Esta propuesta de reforma surgió ante la necesidad de hacer compatible la legislación mexicana con los instrumentos internacionales y regionales en los que se ha reconocido el derecho a la alimentación, con el fin de evitar conflictos dentro del sistema jurídico nacional.

Consecuentemente, las entidades federativas llevarían a cabo en sus legislaciones las adecuaciones pertinentes, con la finalidad de evitar conflictos, contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.

De acuerdo con la propuesta de la integrante del Grupo Legislativo de Morena, se reformaría el artículo 16 Bis de la citada ley para indicar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y mental, por lo que la desnutrición y la obesidad en estos sectores de la población nacional se entenderán como un problema de salud pública.

Mediante la reforma al artículo 16 Ter se prevé que, para contribuir en la eliminación de malnutrición de niñas, niños y adolescentes, se prohíbe la distribución, venta, regalo o suministro a éstos de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el territorio mexicano; misma acción aplicaría si ocurre en instituciones educativas, públicas y privadas, de educación básica y media-superior; incluye si esta acción ocurre a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.

De acuerdo con la diputada Deisy Juan Antonio, "la urgencia de hacernos socialmente responsables desde nuestras distintas perspectivas: madres, padres y tutores de familia, educadores, legisladores, entre otros, para eliminar hábitos nocivos para la salud de niñas, niños y adolescentes, como el consumo de este tipo de productos altamente adictivos".

La iniciativa, presentada durante la Primera Sesión del Segundo Receso de este año, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.