Reforman ordenamientos estatales para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en materia político-electoral para las mujeres.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 votos, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, en nombre de diputadas y diputados de diferentes partidos políticos, respalda que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos, extendiéndose a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

Además, tiene como propósito fortalecer la participación política de las mujeres en Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión, en febrero y frente al Proceso Electoral 2021, permitirá que más de siete millones de electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales, 20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en la régimen local, hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50 por ciento de sus candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de los ayuntamientos.

Además mencionó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

La propuesta es resultado de un trabajo de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, que permitió enriquecer la propuesta con todas las perspectivas.