La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a la brevedad al Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para su ratificación.

En el mismo sentido, solicita a la instancia legislativa que interprete y reserve el artículo 1 de la Convención, a la luz del derecho nacional y bajo la definición del principio pro persona, en razón de edad, toda vez que la legislación de Veracruz es más protectora al ejercicio de este derecho.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, es el primer tratado internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, lo que lo convierte en una normativa obligatoria interna de cumplimiento para los Estados que la han ratificado.

Asimismo, es en documento orientador para el diseño e implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita por el representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda ad referéndum, que de acuerdo a la normatividad requiere de la ratificación o aprobación por el Senado de la República.

Sin embargo, Senado de la República ha aprobado 9 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y 2019, mediante los cuales ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores remita la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para ratificación.

Sin embargo, "la Secretaría de Relaciones Exteriores ha argumentado que no ha podido enviarse al Senado de la República la ratificación de la Convención debido a que hay un desfase sobre el rango de edades planteadas con lo establecido en el marco jurídico nacional".
Ante este panorama, y debido a la respuesta que ha dado la Secretaría, Martínez Sánchez hizo un llamado al Senado de la República a que, una vez haya sido enviada la Convención para su ratificación, analice y genere una reserva para que se ponderen los derechos reconocidos en nuestro marco jurídico nacional.