De esta manera las personas Consejeras durarán en el cargo tres años, con posibilidad de reelección en el periodo no inmediato ejercido.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se prevé derogar el tercer párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el estado de Veracruz para establecer que las Personas Consejeras duren en el cargo tres años, con posibilidad de reelección en el periodo no inmediato ejercido.

Esta propuesta legislativa, presentada durante la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, refiere que de esta manera se garantiza en todo momento que la renovación sea escalonada, tal cual lo prevé el artículo 40 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

El texto de la iniciativa señala que la Comisión Especial reconoce los grandes retos que impone atender la dolorosa y grave problemática de la desaparición de personas en la entidad.

También reconoce que el andamiaje jurídico e institucional en la materia es de reciente creación y que atraviesa por un proceso de consolidación que demanda ajustes y reformas. En consecuencia, refrendan a las víctimas de este flagelo el compromiso y voluntad de cumplir con el deber legislativo, actualizando el marco normativo para su beneficio.

Las personas consejeras ciudadanas que a la entrada en vigor del presente decreto estén ejerciendo sus funciones, permanecerán en el encargo hasta el 17 de enero de 2022, fecha en que se deberá realizar la renovación respectiva, de conformidad por lo previsto en la Ley.

Las personas Consejeras Ciudadanas que a la entrada en vigor del presente decreto hayan concluido sus periodos, permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta en tanto el Congreso del Estado realicen los nombramientos de las personas que cubrirán las vacantes respectivas, quienes durarán en el encargo tres años, de conformidad con la Ley.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.