Las diputadas Brianda Kristel y Montserrat Ortega sostuvieron una reunión con la diputada federal Dulce María Méndez de la Luz y las activistas Lídice Rincón y Ana Ruth Ferrer.

Las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, sostuvieron una reunión con la presidenta de la Fundación "Gilberto Rincón Gallardo", Lídice Rincón Gallardo y la activista en pro de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Ana Ruth Ferrer Rivera, en la cual analizaron diversas disposiciones de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

Con la participación de la diputada federal Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora Kristel Hernández informó que preparan un exhorto al Gobierno del Estado a fin de que cumpla con la reglamentación de la Ley 822, así como para que sea entregado a este poder el dictamen de impacto presupuestal de la creación del Instituto, señalado en la ley antes citada.

La legisladora Montserrat Ortega dijo que existe un rezago en el cumplimiento de la ley, toda vez que además del Reglamento, aún no se han concretado avances del tema de movilidad. Al respecto ejemplificó el caso del transporte público, que a la fecha no cuenta con las condiciones necesarias.

De igual forma recordó que la legisladora Deisy Juan Antonio celebró, el pasado 5 de junio, mesas de trabajo para analizar la Ley 822 y en la que expertos en la materia aportaron sus propuestas.

Por otra parte, las diputadas Brianda Kristel y Montserrat Ortega refirieron que trabajan en el consenso con los grupos legislativos del Congreso del Estado para que cuando sea presentada la iniciativa, ésta ya cuente con el conocimiento previo en relación a que se plantearía que el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad sea un órgano con mayor participación ciudadana y que el Instituto cuente con un presupuesto, mismo que sería progresivo.