Durante la lectura del dictamen, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas, destacó que la Ley y las reformas legales que le complementan y que serán sometidas a consideración del Pleno en un segundo momento, traerán importantes resultados.

Entre los efectos que tendrá la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y que deberán ser decretados por un juez especializado en materia familiar, destaca el reconocimiento de la ausencia de la persona desaparecida, así como la protección de su patrimonio; la conservación de la patria potestad y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años.

La nueva Ley resolverá lo relativo a los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años que estuvieren a cargo del desaparecido o desaparecida y permitirá el acceso de los familiares a su patrimonio, previo control judicial.

Del mismo modo, enfatizó que esta legislación hará posible que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la víctima directa continúen gozando de todos los derechos y beneficios; así mismo, permitirá suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida.

Subrayó que para que las víctimas puedan detentar los beneficios anteriormente expuestos, el juez de lo familiar que conozca de la causa, contará con un periodo de seis meses improrrogables para resolver estos casos, a partir de que se inicie el procedimiento.

Cervantes de la Cruz indicó que para llegar a este punto tuvieron que sortear importantes retos: "Lo supimos desde el primer encuentro con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, desde las primeras reuniones de trabajo, desde la primera vez que escuchamos a esos padres, madres, hermanos, hermanas, tías, tan lastimosamente minimizados e ignorados en su dolor y necesidades por gobiernos anteriores", puntualizó.

Fue precisamente esta situación la que motivó la creación de la Comisión Especial, que quedó conformada por representantes de todas las bancadas que integran la Legislatura, representadas por las diputadas Rosalinda Galindo Silva, Deysi Juan Antonio, Magaly Armenta Oliveros, María Esther López Callejas, Brianda Kristel Hernández, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez.

A nombre de los integrantes de la Comisión Especial, agradeció el trabajo realizado por las comisiones dictaminadoras de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, pues con su dedicación y compromiso, enriquecieron el proyecto legislativo.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, expresó también su gratitud y reconocimiento a la Magistrada en retiro Irma Dinorah Guevara Trujillo, así como al Consultor independiente Jorge Verástegui González.