Entretenidos con tanta información sobre las elecciones en Veracruz, aparentemente los medios de comunicación han pasado inadvertida una nota de gran relevancia para la entidad, se trata la adjudicación del sistema submarino diseñado para transportar 2,600 millones de pies cúbicos diarios desde el sur de Texas hasta el puerto de Tuxpan, con una oferta de 2,164 millones de pesos.

15/06/2016 00:49:58 - Xalapa, Ver. por Miguel Angel Cristiani G.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el resultado de la mayor licitación para la prestación del servicio de transporte de gas natural en esta administración, a través de este nuevo gasoducto denominado Sur de Texas-Tuxpan, que vía submarina recorrerá 800 kilómetros y en el que resultó ganadora la empresa Infraestructura Marina del Golfo, conformada en 60% por TransCanada y 40%, por la filial mexicana de Sempra Energy.

El contrato comprende la ingeniería, permisos y autorizaciones, construcción, operación y mantenimiento durante 25 años por parte de la empresa que desarrollará el proyecto. El gasoducto tendrá una capacidad de transporte reservada por la CFE, con un diámetro de 42 pulgadas. La operación comercial de este gasoducto está programada para octubre del 2018.

TransCanada se convirtió en el mayor inversionista en las licitaciones de gasoductos realizadas por la CFE en esta administración, con inversiones comprometidas por 2,150 millones de dólares, que son 26% de lo adjudicado; por su parte, IEnova ha comprometido 1,216 millones de dólares, que representan 14% de las adjudicaciones para gasoductos.

Entre ambas firmas, cuentan con la adjudicación para el transporte de 7,093 millones de pies cúbicos diarios de gas en contratos de 25 años, además de una red, que estará lista a más tardar en el 2018, de una extensión de 1,751 kilómetros de gasoductos, luego de que IEnova ha ganado cuatro y TransCanada tres de los 15 procesos licitatorios realizados por la estatal eléctrica.

Enmienda el TEPJF la plana al OPLE

El Instituto Electoral de Veracruz perdió su primera batalla, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó de manera unánime el acuerdo del órgano estatal que ordenó verificar la autenticidad de las boletas electorales en 120 casillas instaladas en la entidad para los comicios del pasado 5 de junio.

La Sala Superior del máximo Tribunal Electoral del país resolvió lo anterior en razón de que la autoridad local "no presentó la argumentación correspondiente para justificar su decisión".

De igual forma, señaló el TEPJF, el Instituto Electoral veracruzano no precisó cuál es el método aleatorio que se debe utilizar para seleccionar los paquetes electorales.

El TEPJF resolvió como fundados los asuntos relacionados con las denuncias SUPJRC-244/2016, y SUP-JRC-245/2016, interpuestas por el PAN en contra del Acuerdo A17 O/OPLE/VER/CG/08-06-16.

En el resolutivo se señala que la autoridad local en Veracruz no mencionó el procedimiento, con rigor científico y técnico, para verificar la autenticidad de las boletas electorales.

Por ello, los resultados de dicha verificación de autenticidad de boletas "no tiene efectos jurídicos porque la revisión no debió llevarse a cabo".

El magistrado Flavio Galván consideró que hay una situación "cuestionable" porque existe un reconocimiento del partido impugnante de que en la pasada elección se usaron boletas "clonadas" y ante esta acusación parece que procede la apertura de paquetes electorales, no de manera aleatoria, sino todos, "pero fue un acuerdo emitido sin fundamento ni argumentación", dijo.

Añadió que si el Instituto Electoral de Veracruz tenía elementos para señalar que las boletas no eran auténticas, "debió emitir un acuerdo fundado y motivado", sobre todo a partir de un acuerdo anterior en el que el TEPJF anuló ya una elección por el uso de boletas apócrifas.

Pancho López el filósofo del pueblo cuestiona si es casualidad o intento de intimidación que entre más de cinco millones de electores en el padrón del IFE en Veracruz, el OPLE nos haya elegido y citado para comparecer en una denuncia sobre el uso del padrón electoral para distribuir publicidad de un candidato a la gubernatura por correo.

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