Ya hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), señalaron que los medios que difundieron la foto de la Anabel Flores Salazar muerta atentaron contra la dignidad de la periodista.

Incluso también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado respecto a los asesinatos y ataques en contra de los periodistas, en el que destaca que el 90% de ellos queda impune y acusa que es por culpa del gobierno.

Mientras esto sucede a nivel nacional e internacional, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que debería de ser la primera instancia, permanece callada, sin decir ni hacer nada, esperando posiblemente que le den instrucciones acerca de lo que debe de decir o hacer.

Su titular, recientemente nombrada Namiko Matzumoto Benítez quien viene de la secretaría de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas está más ocupada en atender y despedir a personal del organismo, para colocar a sus incondicionales, que en las tareas que se supone debería de cumplir.

Resulta también que gracias a un interesante desplegadito que se publica hoy en algún diario y se reproduce en redes sociales, para exigir el apoyo financiero a la Universidad y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en donde figura también como "investigadora".

Seguramente que a estas alturas del partido, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz, ya ha sido informada por sus superiores de la CNDH que desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido en nuestro país 109 homicidios de periodistas; desde el 2005 otros 20 han desaparecido; además se han registrado 48 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 han recibido 515 quejas por agravios a los mismos.

Mientras que en Veracruz la CEDH aplica la política de la aveztruz de meter la cabeza en un hoyo, a nivel nacional la CNDH, criticó que "la investigación deficiente y la falta de sanciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno han provocado que el 90 por ciento de las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación queden en la impunidad".

"La omisión del Estado Mexicano se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en que se advierte mayor incidencia de agresiones contra periodistas y comunicadores".

El organismo autónomo dio a conocer que emitió una serie de recomendaciones a los titulares de las instituciones de seguridad estatales, federales y municipales, así como al presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que subsanen las irregularidades que han llevado a las violaciones de los derechos humanos de estos profesionistas.

El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez detalló que los estados con mayor incidencia en cuanto a asesinatos de periodistas son Veracruz, con 14.6 por ciento; Tamaulipas, con 11.9 por ciento; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11 por ciento, cada uno, por lo que seis de cada diez muertes ocurren en estas cinco entidades.

En lo que respecta a este tipo desapariciones de comunicadores, los estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20 por ciento de los casos cada uno. Mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen un 10 por ciento, respectivamente, por lo que siete de cada diez ocurren en estas cinco entidades.

Explicó que de las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación de los que tiene registrados desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de las mismas se encuentran en integración desde hace 5 años, y uno de los casos tiene 15 años en integración.

Respecto a las diligencias hechas por las autoridades ministeriales dijo que no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión.

LA CNDH concluyó que los casos de agresiones a periodistas "con investigación deficiente y sin sanción" ponen en evidencia la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para la libre expresión".

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