En su comparecencia -histórica porque es la primera vez que un secretario de despacho es llamado a explicar cuentas ante el pleno del Congreso del Estado, Gerardo Buganza reconoció que el proyecto original contemplaba una inversión total 2 mil 066 millones de pesos, de los cuales la concesionaria aportaría casi mil millones, equivalentes a más del 47 por ciento.

Sin embargo, con las modificaciones a la concesión original, las condiciones variaron sustancialmente y se perdió todo equilibrio entre las partes a grado tal que, a la fecha, el Gobierno del Estado ha aportado 2 mil 326 millones de pesos, equivalentes a más del 47 por ciento del proyecto, mientras que la concesionaria sólo ha destinado poco más de 389 millones de pesos de capital de riesgo y 929 millones de pesos por concepto de créditos.

Es decir, que si el gobierno del estado hubiera construido la obra, sin necesidad de darla en concesión, con lo que supuestamente se ha invertido, ya se hubiera terminado.

Al mismo tiempo, el costo del proyecto se incrementó en 250 por ciento, al pasar de 2 mil 066 millones de pesos, a 4 mil 912 millones de pesos, a la vez que se modificaron los plazos para terminación de la obra y el inicio de su operación, al grado que están indefinidos.

Ya desde los años 2008 y 2009 la Auditoria Superior de la Federación había señalado una serie de incumplimientos por parte de la empresa Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, SA de CV, pero no pasó nada.

Más recientemente, la auditoria realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), respecto de la Cuenta Pública de 2012, en la que se detallan numerosas irregularidades administrativas y financieras en la obra, tales como sobrecostos, retrasos en el programa de ejecución de la obra y conceptos sin ejecutar que fueron cobrados por la empresa.

Buganza Salmerón reconoció que existe un "total desequilibrio financiero con el proyecto", y por ello recordó que el pasado 9 de diciembre la SIOP presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, con la averiguación previa 130E/2013.

Dicha averiguación previa es en contra de las empresas mexicanas CAPSA, MATRIZ, Obras Portuarias y Concesiones Viales, y la empresa española, FCC Construcciones S.A.

Pero hasta ahora que se decidió que el Secretario Buganza Salmerón acudiera al congreso del estado, es cuando se dan a conocer con fechas y montos de la inversión, las irregularidades cometidas, no solamente por la empresa concesionaria -española por cierto- sino que no se ha hecho referencia a los funcionarios de la entonces Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado, que debieron no solamente autorizar sino permitir toda esa serie de irregularidades multimillonarias.

No es la primera ocasión en que el secretario de Infraestructura, Gerardo Buganza Salmerón sale a declarar que se han detectado irregularidades multimillonarias por parte de empresas constructoras que trabajan en la construcción de obras públicas, asegurando que "se actuará con transparencia, la rendición de cuentas, el imperio de la ley, la plena vigencia del Estado de Derecho y la defensa del patrimonio y del bienestar de los veracruzanos".

Habrá que estar pendientes, para ver si realmente se va a proceder, no solo contra la empresa constructora que no cumplió, sino contra los exfuncionarios que todavía andan por aquí, tan tranquilos como si nada hubieran hecho.

Dice el filósofo del pueblo Pancho López "que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata".

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