* El libro de Daniel Ruiz

* FCH empezó por los pies

26/09/2012 00:52:35 - Xalapa, Ver. por José Ortiz Medina

Con la reforma Constitucional del 2008, se instauró el sistema penal acusatorio con la preeminencia de la oralidad, el cual ha sido materia de estudio en diversos foros.

A la par se estableció el derecho de la víctima u ofendido de impugnar aquéllas determinaciones o resoluciones que le sean adversas tanto en la etapa de investigación como en el proceso.

Empero, además de esos derechos se instauró un novedoso mecanismo del que poco se ha comentado y es el relativo a la acción penal privada.

Derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad, por citar algunos, fueron objeto de privatización ante la incapacidad del Estado de garantizarlos plenamente.

La reforma Constitucional del 2008, rompe con el monopolio de la acción penal y crea a favor de los particulares la acción penal privada que surge también del reclamo social.

El nuevo sistema penal no se limitará a la simple impugnación orientada a obtener la reparación del daño, sino que tendrá una mayor actividad en lo relativo a la comprobación de los elementos del delito, sin lo cual no habrá posibilidad de tal reparación.

Así pues, a pesar de que la reforma constitucional del 2008 ha motivado las reformas de las leyes locales como en los Estados de México, Nuevo León, Chihuahua e incluso Veracruz, aún no se ha logrado la capacitación total de aquellos que intervendrán en los denominados juicios orales y menos se han analizado las ventajas y desventajas de la acción penal privada, pues incluso, existe todavía la idea de que debe ser el Ministerio Público el único que participa en las investigaciones, diligencias, e interpone recursos, lo cual desde luego, mantiene la desigualdad procesal en detrimento de la víctima.

El ejercicio privado de la acción penal será por la vía de excepción con la asistencia del Ministerio Público o en su caso con un abogado nombrado por la víctima y sólo procederá en los casos que atañan al interés particular y no general, quedando a cargo del legislador ordinario precisar los supuestos de procedencia (quizás los que se persiguen de querella o los patrimoniales, culposos, etcétera).

Todo esto viene a colación porque este jueves 27 será presentado un magnífico libro del prestigiado juez veracruzano Luis Daniel Ruiz Guerrero.

La obra lleva por título "Del monopolio a la privatización de la acción penal" y será presentada en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana a las 18 horas.

En dicho libro se analizan las causas que originaron la acción penal privada, el procedimiento que debe seguirse, las ventajas y desventajas, así como diversas propuestas que permitan el ejercicio efectivo de un derecho Constitucional que puede resolver, en gran medida, aquellos delitos que en el anterior sistema quedaron sin castigo.

LA EVALUACIÓN y certificación de los elementos policiacos es un proceso sumamente complicado por las circunstancias actuales que vive el país en materia de seguridad. Ya lo hemos reiterado en entregas anteriores: la estrategia que emprendió el saliente presidente Felipe Calderón comenzó por los pies; es decir, con el combate directo en contra de los criminales, rezagando el tema primordial: los programas de prevención del delito, evaluación, certificación y conformación de una policía confiable y, a través de ella, con apoyo de las fuerzas armadas para entonces sí, pasar a la acción. No. Calderón se lanzó a la guerra, que nunca reconoció como tal, con policías ineficientes, sin estrategia, improvisando al paso, exponiendo al Ejército a la diaria presión de los enfrentamientos armados que finalmente terminaron por manchar la reputación de los soldados mexicanos, que eran reconocidos internacionalmente por su eficacia en labores de rescate y contingencias provocadas por fenómenos naturales. Es más, Calderón se va del Gobierno Federal dejando a la Secretaría de la Defensa Nacional sumida en escándalos nacionales e internacionales por abuso de autoridad, tortura, desaparición forzada y colusión con los cárteles. Los grupos delincuenciales, que de pronto se vieron hostilizados en todos lados, masivamente se dedicaron a reclutar a policías, a infiltrar a las corporaciones en todos los niveles, a sobornar a cuanto funcionario de alto, medio y bajo nivel pudieran. Con instituciones débiles, sin la infraestructura necesaria para enfrentar el problema, los estados se vieron ante el enorme y complicadísimo reto de certificar a sus policías, atacar la corrupción, contener las embestidas de los grupos de la delincuencia organizada y sus encarnizadas luchas por controlar los territorios y conformar una policía blindada. ¿Se le antoja una tarea sencilla, que pueda hacerse en uno o dos años? A pesar de este sombrío contexto, Veracruz ha salido avante en lo que le toca, lo dijo hoy el gobernador Javier Duarte. Somos un estado líder en la evaluación y certificación de sus policías, y de los más avanzados en la creación de la Policía Estatal Acreditable, allí están los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos ubica dentro de las 10 entidades que más evaluaciones han aplicado al personal de seguridad pública. Y bien lo dijo, no es cuestión de en cuánto tiempo saldremos de este problema, porque en primera no fue generado por nosotros, sino por una pésima decisión de Calderón. Tomará tiempo, pero se está haciendo lo correcto. Vamos por buen camino.